Abogada por la Pontificia Universidad Católica del Perú.
En los últimos años ha surgido una
nueva forma de entender a la democracia desde una vertiente deliberativa, es
decir, la prevalencia de los espacios de debate y diálogo en la toma de
decisiones en un Estado. Así, se supera la visión tradicional de la democracia,
entendida tan sólo como el gobierno de mayorías.
La deliberación se define como “el
proceso argumentativo de libre intercambio de razones entre los diversos
participantes, que idealmente, se hayan comprometidos con los valores de
racionalidad e imparcialidad.” [1](Martí, 2006, p.39)
Uno de los principales precursores
de esta teoría fue Carlos Santiago Nino, quien consideraba que el procedimiento
deliberativo otorga legitimidad a las decisiones que resultan de tal diálogo y
que constituye el método más óptimo para tratar de alcanzar decisiones
correctas[2] (Nino, 1998, p. 143). Es decir, el
libre intercambio de razones, argumentos e ideas, es un factor que legitima las
decisiones adoptadas en un Estado.
Al respecto, el Tribunal
Constitucional ha enfatizado que el Congreso de la República es un auténtico
órgano deliberante, por lo tanto, las decisiones que se adopten en el marco de
la función parlamentaria deben ser fruto de un nutrido intercambio de razones. Asimismo,
ello también requiere que exista una voluntad política de predisposición al diálogo,
dejando de lado la mera imposición de ciertos puntos de vista.
Por lo tanto, en esta nueva
concepción de la democracia ya no debe prevalecer la opción que tiene mayores
votos, sino la que, a la luz del debate parlamentario, ofrece mejores razones.
Espacios deliberativos en el procedimiento de vacancia presidencial
La deliberación como legitimidad
democrática no sólo debe estar presente en la función legislativa que realiza
el Congreso de la República, espacio en el que más se ha destacado su presencia.
Por el contrario, ello también debe ser garantizado en los procedimientos
políticos como es el caso de la vacancia presidencial, donde las consecuencias resultan
trascendentales para la estabilidad institucional.
El Reglamento del Congreso señala
que el procedimiento de vacancia por la causal de “permanente incapacidad
moral” cuenta con 4 etapas: i. Presentación de la Moción de vacancia; ii.
Admisión de la Moción de vacancia; iii. Debate y aprobación en el Pleno; y, iv.
Publicación de la resolución de vacancia. Al respecto, considero que las etapas
deliberativas más importantes en dicho procedimiento son la admisión de la
moción y el debate de la vacancia en sentido estricto. En ambos momentos existe
un intercambio de razones y argumentos en el Pleno del Congreso, donde todos
los parlamentarios tienen la posibilidad de participar y generar consensos.
Para garantizar una correcta deliberación en dicho procedimiento considero fundamental tener en cuenta ciertos aspectos:
i. Pleno conocimiento de la problemática. La vacancia presidencial, al ser un asunto de transcendental interés público, demanda una gran responsabilidad por parte de los parlamentarios. Por ello, debe existir un correcto análisis de los hechos, las consecuencias, el contexto, entre otros.
ii. Predisposición hacia el diálogo. Un factor determinante para generar un correcto debate en la toma de decisiones es la voluntad política de los y las congresistas. Por ello, es fundamental que no exista una renuencia a dejarse convencer por demás razones.
iii. Evitar la celeridad en el debate. El procedimiento de vacancia presidencial debe darse en el marco de un nutrido intercambio de razones y argumentos, por lo tanto, es necesario que se garantice un plazo adecuado del debate. Al respecto, el Tribunal Constitucional ha señalado que “el debate ligero y superficial de los asuntos públicos no permite identificar y afrontar, en su verdadera dimensión, los problemas y dificultades que la realidad presenta.”[3]
A fin de garantizar que un procedimiento
de vacancia se lleve a cabo en el marco del principio democrático, deben de
garantizarse dichos aspectos. Por el contrario, un procedimiento de vacancia
presidencial sin el conocimiento pleno de la problemática debido a una
incorrecta o incompleta investigación, llevada de manera célere e irreflexiva, y
con la imposición de puntos de vista partidarios e individuales, pondría en
riesgo la estabilidad de las instituciones en nuestro Estado.
Importancia de la deliberación parlamentaria
En el marco del procedimiento de vacancia presidencial, considero que la importancia de garantizar los espacios deliberativos radica en dos aspectos esenciales:
i. Otorga legitimidad a la decisión adoptada
Una decisión razonada es el fundamento para una fortaleza institucional, pues no basta tener los votos suficientes para que una decisión sea legítima. Resulta necesario que exista un nutrido intercambio de argumentos en el marco de la función parlamentaria, sobre todo si es que la decisión que se adopte tendrá un considerable impacto en el principio democrático y la separación de poderes.
Al respecto, el Tribunal Constitucional ha señalado que “(…) Esta clase de deliberaciones, y no los votos en sí, son los que brindan legitimidad a una decisión y a la entidad que las emite”[4]. En correspondencia a ello, la legitimidad de las decisiones adoptadas en nuestro Estado se basa, principalmente, en la deliberación.
Por lo tanto, la decisión de vacar a un presidente de la República debe ser ejercido en relación a las razones que se otorguen y no ser considerado tan sólo como un aspecto de “votos”.
ii. Garantiza el debido proceso
Al margen del debate acerca de la naturaleza de las causales de vacancia previstas en la Constitución, lo cierto es que, en todos los casos, su declaración supone llevar a cabo un procedimiento para la toma de la decisión. Ello implica que, si la vacancia se puede emplear para determinar la responsabilidad del Jefe de Estado, como algunos sostienen, su trámite debe observar el debido proceso.
La deliberación parlamentaria también permite que se garantice este derecho del Presidente de la República en la tramitación de la vacancia. En ese sentido, si los parlamentarios acuden al debate con una decisión ya adoptada previamente sin tener en cuenta la defensa que se realice, claramente generaría una vulneración al debido proceso.
En el ámbito parlamentario, el nivel de imparcialidad claramente no va a ser el mismo que en relación al ámbito jurisdiccional. Sin embargo, resulta necesario garantizar que exista una predisposición de escuchar razones antes de adoptar una postura al respecto. Lamentablemente, ello no ha sido una actitud recurrente por parte de nuestros representantes, los cuales suelen expresar una posición definida antes de la sesión de debate.
Finalmente, en el marco de nuestro Estado Constitucional de Derecho, la toma de decisiones en el ámbito parlamentario debe responder a una lógica deliberativa donde primen las razones antes de las mayorías. Por ello, el procedimiento de vacancia al Presidente de la República debe asegurar que los espacios dialógicos sean cabalmente cumplidos.
[1]
Marti, L. J. (2006). Republica deliberativa. Una teoría de la
democracia. Madrid: Marcial Pons. Ediciones Jurídicas y Sociales, S.A.
[2] Nino, C. S. (1998). The Constitution of Deliberative Democracy. Yale University Press.
[3] Fundamento 27 de la sentencia recaída en el Expediente 0001-2018-PI/TC
[4] Fundamento 4 de la sentencia recaída en el Expediente 0006-2017-PI/TC
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Todos son libres de opinar en este blog, sin embargo recordemos siempre mantener un debate con respeto a los demás y sus ideas. No se tolerarán comentarios ofensivos.