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8 de abril de 2016

El Derecho al Voto

Cuatro procesos electorales consecutivos sin interrupción alguna constituye motivo de celebración si miramos la historia de la república. Sin embargo, la democracia no puede reducirse al acto electoral. El sistema político-electoral requiere, luego de este proceso, una revisión a fondo. Al respecto, a continuación presentamos algunos comentarios de dos de los mejores constitucionalistas del medio, sobre el derecho al voto y el proceso electoral 2016.


El domingo, los peruanos iremos una vez más a las urnas. Es una cuarta elección democrática consecutiva y muchos creen que es motivo suficiente para celebrar, ¿por qué es importante ir a votar? 

Fuente: http://reniec.gob.pe
Domingo García Belaunde: Es importante porque es la manera, si bien discreta, en que participamos en la formación de los órganos constitucionales que regirán el país durante los próximos cinco años… y hoy, por la configuración de las fuerzas políticas, es más necesario que nunca.
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Carlos Hakansson Nieto: Las elecciones generales del 10 de abril, el proceso de segunda vuelta y el consecuente cambio de mando presidencial para el próximo 28 de julio constituirán un hito en nuestra historia republicana: no hemos tenido tres gobiernos democráticos consecutivos; sin embargo, a pocas semanas de las elecciones notamos cierta crispación en el ambiente: problemas administrativos de los partidos con sus respectivos jurados electorales especiales, denuncias (violencia familiar, plagio, presuntas conspiraciones palaciegas, denuncias de fraude, renuncia de candidatos presidenciales y asesores, amenazas de muerte, etc.), al punto que pareciera que los pocos días que faltan para alcanzar una cuarta elección consecutiva serán duros para mantener un clima electoral estable.

Pese a esta accidentada campaña electoral, es importante destacar el llamado a la calma proveniente del Jurado Nacional de Elecciones, los medios de comunicación y las asociaciones civiles dedicadas a vigilar los procesos electorales; también debe sumarse el acuerdo de todos los aspirantes a la presidencia y Congreso para culminar las semanas restantes en un verdadero debate de ideas y visión del país hacia su bicentenario, pues, hasta el momento, los ciudadanos solo escuchan quejas, convocatoria de marchas de protesta, encadenamientos simbólicos, tachas contra candidatos, todo en paralelo a los resultados de las encuestadoras, tomadas con humildad por quienes ocupan los primeros puestos y relativizadas por los candidatos menos favorecidos.

Fuente://peru21.pe
Una de las tareas pendientes que se debe tener en cuenta una vez pasado este proceso electoral es, entre otras enmiendas y ajustes imprescindibles, la necesidad de modificar el primer párrafo del artículo 21 de la Ley de Organizaciones Políticas que establece que los partidos políticos y movimientos de alcance regional o departamental “pueden” contar con el apoyo y asistencia técnica de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) para la elección de candidatos en sus elecciones internas. Dada la experiencia y necesidad de formalizar a los partidos, la enmienda consistiría en el “deber” de las agrupaciones políticas para contar con el apoyo logístico y organización de la ONPE y la consecuente certificación de un proceso de democracia interna impecable. Una exigencia que, de estar establecida en la Ley, hubiese evitado problemas de improvisación e informalidad a más de un partido político.

Las falencias de nuestra joven democracia ya eran conocidas una vez iniciado el proceso de transición política de fines del año 2000. Por eso, a pocos meses de una transferencia de mando, no resulta extraño que nuestros pobres cimientos institucionales manifiesten cierto “chirrido” o “sobrepeso” para poder cargar con cuatro gobiernos democráticos consecutivos, un hecho inédito en nuestra historia republicana. En resumen, el diagnóstico que podemos realizar respecto a la coyuntura electoral es que el “antisistema de partidos”, inexplicable para los politólogos, ya no da más de sí. 

En las democracias más desarrolladas y en muchos de los países de América Latina, el voto no es obligatorio. ¿Debemos mantener el voto obligatorio o también cree que ha llegado la hora de ir hacia el voto voluntario?

Domingo García Belaunde: El voto obligatorio tiene una larga historia en el Perú, pero en las actuales circunstancias no veo por qué se deba mantener. Creo que es un tema que hay que discutir; en muchos países democráticos el voto es libre y no por eso deja de representar la voluntad popular.

Fuente: http://statista.com

Carlos Hakansson Nieto: La Constitución promueve las libertades, por eso no es extraño que el voto facultativo se aplique en los países de larga tradición democrática, difusores de las ideas de la separación de poderes y reconocimiento de los derechos humanos. En Iberoamérica vemos que existen avances importantes, como Colombia, que también cuenta con este voto.

Es evidente que “el derecho a no elegir” también se manifiesta cuando no se quiere ejercer el derecho de participación, al mantener la independencia política, de querer vivir a espaldas al sistema o probablemente no compartir los ideales democráticos. Frente a todos estos casos, recordemos que uno de los mayores atributos de la Democracia  es que todos tenemos cabida en ella, por eso es el sistema de gobierno más tolerado por los ciudadanos. Los convencidos, los menos convencidos, los no convencidos; salvo el caso de los terroristas, pues, además de no creer en el sistema, son intolerantes e impiden que los demás participen; por eso buscan afectar los procesos electorales, así como amenazar el ejercicio de los derechos y libertades.

El voto facultativo permite tomar el pulso a un proceso de transición democrática, y el ausentismo electoral es un indicador para evaluar la consolidación de las instituciones políticas y el grado de conformidad con el sistema democrático. Desde este punto de vista, el ausentismo en las urnas es toda una fuente de información para averiguar las causas y ponerles remedio en la medida de las posibilidades de cada Estado. Los partidos deben colaborar tomando conciencia de que el final de una campaña es el comienzo de la siguiente, trabajando para aumentar el número de sus militantes y formando cuadros; el voto obligatorio, en cambio, no favorece el desarrollo de los partidos políticos. Al final de una campaña electoral, si las propuestas de los candidatos presidenciales no convencen y, en consecuencia, aumenta el ausentismo, es un dato sumamente indicativo para la clase política al momento de preparar sus planes de gobierno; ello los obligará a presentar planteamientos más serios y mejor estructurados; cargados no sólo de “qué hacer”, sino también del “cómo hacerlo”.

Finalmente, sabemos que el voto facultativo es una reforma que no puede aplicarse “de la noche a la mañana” en nuestro sistema político, pero es razonable plantearnos metas concretas y organizarnos para tomarla en consideración para el bicentenario.

Este proceso ha tenido sus particularidades. Hay quienes han sostenido que las instituciones electorales y, en concreto, el JNE, han tenido mucho protagonismo. Incluso la OEA, a través de su Secretario General, se ha pronunciado también en ese sentido. ¿Cuál es su evaluación al respecto?


Domingo García Belaunde: El proceso ha sido peculiar, pero no hay un solo responsable… son los partidos formados a última hora, órganos electorales lentos y además una legislación draconiana y absurda. El inédito pronunciamiento del Secretario General de la OEA no está en el marco de sus competencias, y es además arbitrario: se ha emitido escuchando a sola una de las partes, la misión de observadores de la OEA, ente más calificado, no se ha pronunciado aún.

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Carlos Hakansson Nieto: La sobreexposición del Jurado Nacional de Elecciones en estos comicios se ha originado a causa del artículo 42 de la Ley 30414 (modificación de la ley de partidos políticos), que regula las conductas prohibidas en la propaganda política. Si bien la finalidad de esta disposición es saludable para una democracia “(…) prohibir la entrega, promesa u ofrecimiento de dinero, regalos, dádivas u otros obsequios de naturaleza económica, de manera directa o a través de terceros (…)”—, su inmediata aplicación en medio del proceso electoral, sin una oportuna vacatio legis y su debida difusión en los medios de comunicación para conocimiento de los candidatos y electores (que también esperan recibir regalos), hubiese sido una medida prudente que habría evitado la crispación de los partidos y sus militantes.


La decisión presidencial de esperar hasta el final para convocar a elecciones generales fue otra causa del problema. Los plazos se acortaron en medio de las tachas y espera de decisión a cargo de los jurados electorales; el tiempo corre y vemos cada vez más cercana la fecha del domingo diez de abril. La intervención del Presidente del Consejo de Ministros para descartar cualquier intento de postergar los comicios ha sido oportuna y una muestra de buenos reflejos políticos. Se trata de una prueba que deberá atravesar nuestra joven democracia, a pocos meses de producirse la cuarta transferencia de mando consecutiva, un hecho histórico en nuestra vida republicana.



Domingo García Belaunde

Abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Doctor en Derecho por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Ha sido docente en Facultad de Derecho de la Universidad de San Marcos, en la PUCP y en la Universidad de Lima.
Profesor distinguido de la Universidad Nacional Autónoma de México y de la Universidad Externado de Colombia. Abogado en ejercicio y conferencista internacional. Miembro de la Comisión Consultiva del Ministerio de Relaciones Exteriores (1985-1992) y de la Comisión Consultiva del Ministerio de Justicia (1996-1999, 2004), así como de diversas Comisiones Consultivas del Colegio de Abogados de Lima.
Entre sus publicaciones destacan "El Hábeas Corpus en el Perú" (1979), "Constitución y Política" (1981), "Mar y Constitución" (1984,1987), "La Constitución en el Péndulo" (1996), "Derecho Procesal Constitucional" (1998, 2001), "La Constitución y su Dinámica" (2004, 2006).






Carlos Hakansson Nieto


Doctor en Derecho (Universidad de Navarra, España). Es titular de la Cátedra Jean Monnet de Derecho Constitucional europeo (Comisión Europea), complementó su formación e investigación en el Departamento de Derecho Político y Teoría del Estado de la Universidad de Santiago de Compostela (A Coruña-España) y en la Biblioteca Bodleian de la Universidad de Oxford (Reino Unido). Es autor de los libros: La forma de gobierno de la Constitución peruana (2001), Curso de Derecho Constitucional (2009), El proceso de inconstitucionalidad (2014), así como de diversos artículos sobre temas constitucionales y de integración publicados en revistas nacionales y extranjeras. Actualmente, es profesor ordinario principal de la Universidad de Piura (Perú).

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