El Derecho al Voto

Cuatro procesos electorales consecutivos sin interrupción alguna constituye motivo de celebración si miramos la historia de la república. Sin embargo, la democracia no puede reducirse al acto electoral. El sistema político-electoral requiere, luego de este proceso, una revisión a fondo. Al respecto, a continuación presentamos algunos comentarios de dos de los mejores constitucionalistas del medio, sobre el derecho al voto y el proceso electoral 2016.

El domingo, los peruanos iremos una vez más a las urnas. Es una cuarta elección democrática consecutiva y muchos creen que es motivo suficiente para celebrar, ¿por qué es importante ir a votar? 

Fuente: http://reniec.gob.pe

Domingo García Belaunde: Es importante porque es la manera, si bien discreta, en que participamos en la formación de los órganos constitucionales que regirán el país durante los próximos cinco años… y hoy, por la configuración de las fuerzas políticas, es más necesario que nunca.

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Carlos Hakansson Nieto: Las elecciones generales del 10 de abril, el proceso de segunda vuelta y el consecuente cambio de mando presidencial para el próximo 28 de julio constituirán un hito en nuestra historia republicana: no hemos tenido tres gobiernos democráticos consecutivos; sin embargo, a pocas semanas de las elecciones notamos cierta crispación en el ambiente: problemas administrativos de los partidos con sus respectivos jurados electorales especiales, denuncias (violencia familiar, plagio, presuntas conspiraciones palaciegas, denuncias de fraude, renuncia de candidatos presidenciales y asesores, amenazas de muerte, etc.), al punto que pareciera que los pocos días que faltan para alcanzar una cuarta elección consecutiva serán duros para mantener un clima electoral estable.

Pese a esta accidentada campaña electoral, es importante destacar el llamado a la calma proveniente del Jurado Nacional de Elecciones, los medios de comunicación y las asociaciones civiles dedicadas a vigilar los procesos electorales; también debe sumarse el acuerdo de todos los aspirantes a la presidencia y Congreso para culminar las semanas restantes en un verdadero debate de ideas y visión del país hacia su bicentenario, pues, hasta el momento, los ciudadanos solo escuchan quejas, convocatoria de marchas de protesta, encadenamientos simbólicos, tachas contra candidatos, todo en paralelo a los resultados de las encuestadoras, tomadas con humildad por quienes ocupan los primeros puestos y relativizadas por los candidatos menos favorecidos.

Fuente://peru21.pe

Una de las tareas pendientes que se debe tener en cuenta una vez pasado este proceso electoral es, entre otras enmiendas y ajustes imprescindibles, la necesidad de modificar el primer párrafo del artículo 21 de la Ley de Organizaciones Políticas que establece que los partidos políticos y movimientos de alcance regional o departamental “pueden” contar con el apoyo y asistencia técnica de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) para la elección de candidatos en sus elecciones internas. Dada la experiencia y necesidad de formalizar a los partidos, la enmienda consistiría en el “deber” de las agrupaciones políticas para contar con el apoyo logístico y organización de la ONPE y la consecuente certificación de un proceso de democracia interna impecable. Una exigencia que, de estar establecida en la Ley, hubiese evitado problemas de improvisación e informalidad a más de un partido político.

Las falencias de nuestra joven democracia ya eran conocidas una vez iniciado el proceso de transición política de fines del año 2000. Por eso, a pocos meses de una transferencia de mando, no resulta extraño que nuestros pobres cimientos institucionales manifiesten cierto “chirrido” o “sobrepeso” para poder cargar con cuatro gobiernos democráticos consecutivos, un hecho inédito en nuestra historia republicana. En resumen, el diagnóstico que podemos realizar respecto a la coyuntura electoral es que el “antisistema de partidos”, inexplicable para los politólogos, ya no da más de sí. 

En las democracias más desarrolladas y en muchos de los países de América Latina, el voto no es obligatorio. ¿Debemos mantener el voto obligatorio o también cree que ha llegado la hora de ir hacia el voto voluntario?

Domingo García Belaunde: El voto obligatorio tiene una larga historia en el Perú, pero en las actuales circunstancias no veo por qué se deba mantener. Creo que es un tema que hay que discutir; en muchos países democráticos el voto es libre y no por eso deja de representar la voluntad popular.

Fuente: http://statista.com

Carlos Hakansson Nieto: La Constitución promueve las libertades, por eso no es extraño que el voto facultativo se aplique en los países de larga tradición democrática, difusores de las ideas de la separación de poderes y reconocimiento de los derechos humanos. En Iberoamérica vemos que existen avances importantes, como Colombia, que también cuenta con este voto.

Es evidente que “el derecho a no elegir” también se manifiesta cuando no se quiere ejercer el derecho de participación, al mantener la independencia política, de querer vivir a espaldas al sistema o probablemente no compartir los ideales democráticos. Frente a todos estos casos, recordemos que uno de los mayores atributos de la Democracia  es que todos tenemos cabida en ella, por eso es el sistema de gobierno más tolerado por los ciudadanos. Los convencidos, los menos convencidos, los no convencidos; salvo el caso de los terroristas, pues, además de no creer en el sistema, son intolerantes e impiden que los demás participen; por eso buscan afectar los procesos electorales, así como amenazar el ejercicio de los derechos y libertades.

El voto facultativo permite tomar el pulso a un proceso de transición democrática, y el ausentismo electoral es un indicador para evaluar la consolidación de las instituciones políticas y el grado de conformidad con el sistema democrático. Desde este punto de vista, el ausentismo en las urnas es toda una fuente de información para averiguar las causas y ponerles remedio en la medida de las posibilidades de cada Estado. Los partidos deben colaborar tomando conciencia de que el final de una campaña es el comienzo de la siguiente, trabajando para aumentar el número de sus militantes y formando cuadros; el voto obligatorio, en cambio, no favorece el desarrollo de los partidos políticos. Al final de una campaña electoral, si las propuestas de los candidatos presidenciales no convencen y, en consecuencia, aumenta el ausentismo, es un dato sumamente indicativo para la clase política al momento de preparar sus planes de gobierno; ello los obligará a presentar planteamientos más serios y mejor estructurados; cargados no sólo de “qué hacer”, sino también del “cómo hacerlo”.

Finalmente, sabemos que el voto facultativo es una reforma que no puede aplicarse “de la noche a la mañana” en nuestro sistema político, pero es razonable plantearnos metas concretas y organizarnos para tomarla en consideración para el bicentenario.

Este proceso ha tenido sus particularidades. Hay quienes han sostenido que las instituciones electorales y, en concreto, el JNE, han tenido mucho protagonismo. Incluso la OEA, a través de su Secretario General, se ha pronunciado también en ese sentido. ¿Cuál es su evaluación al respecto?

Domingo García Belaunde: El proceso ha sido peculiar, pero no hay un solo responsable… son los partidos formados a última hora, órganos electorales lentos y además una legislación draconiana y absurda. El inédito pronunciamiento del Secretario General de la OEA no está en el marco de sus competencias, y es además arbitrario: se ha emitido escuchando a sola una de las partes, la misión de observadores de la OEA, ente más calificado, no se ha pronunciado aún.

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Carlos Hakansson Nieto: La sobreexposición del Jurado Nacional de Elecciones en estos comicios se ha originado a causa del artículo 42 de la Ley 30414 (modificación de la ley de partidos políticos), que regula las conductas prohibidas en la propaganda política. Si bien la finalidad de esta disposición es saludable para una democracia —“(…) prohibir la entrega, promesa u ofrecimiento de dinero, regalos, dádivas u otros obsequios de naturaleza económica, de manera directa o a través de terceros (…)”—, su inmediata aplicación en medio del proceso electoral, sin una oportuna vacatio legis y su debida difusión en los medios de comunicación para conocimiento de los candidatos y electores (que también esperan recibir regalos), hubiese sido una medida prudente que habría evitado la crispación de los partidos y sus militantes.

La decisión presidencial de esperar hasta el final para convocar a elecciones generales fue otra causa del problema. Los plazos se acortaron en medio de las tachas y espera de decisión a cargo de los jurados electorales; el tiempo corre y vemos cada vez más cercana la fecha del domingo diez de abril. La intervención del Presidente del Consejo de Ministros para descartar cualquier intento de postergar los comicios ha sido oportuna y una muestra de buenos reflejos políticos. Se trata de una prueba que deberá atravesar nuestra joven democracia, a pocos meses de producirse la cuarta transferencia de mando consecutiva, un hecho histórico en nuestra vida republicana.

Domingo García Belaunde

Abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Doctor en Derecho por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Ha sido docente en Facultad de Derecho de la Universidad de San Marcos, en la PUCP y en la Universidad de Lima.

Profesor distinguido de la Universidad Nacional Autónoma de México y de la Universidad Externado de Colombia. Abogado en ejercicio y conferencista internacional. Miembro de la Comisión Consultiva del Ministerio de Relaciones Exteriores (1985-1992) y de la Comisión Consultiva del Ministerio de Justicia (1996-1999, 2004), así como de diversas Comisiones Consultivas del Colegio de Abogados de Lima.

Entre sus publicaciones destacan "El Hábeas Corpus en el Perú" (1979), "Constitución y Política" (1981), "Mar y Constitución" (1984,1987), "La Constitución en el Péndulo" (1996), "Derecho Procesal Constitucional" (1998, 2001), "La Constitución y su Dinámica" (2004, 2006).

Carlos Hakansson Nieto

Doctor en Derecho (Universidad de Navarra, España). Es titular de la Cátedra Jean Monnet de Derecho Constitucional europeo (Comisión Europea), complementó su formación e investigación en el Departamento de Derecho Político y Teoría del Estado de la Universidad de Santiago de Compostela (A Coruña-España) y en la Biblioteca Bodleian de la Universidad de Oxford (Reino Unido). Es autor de los libros: La forma de gobierno de la Constitución peruana (2001), Curso de Derecho Constitucional (2009), El proceso de inconstitucionalidad (2014), así como de diversos artículos sobre temas constitucionales y de integración publicados en revistas nacionales y extranjeras. Actualmente, es profesor ordinario principal de la Universidad de Piura (Perú).

Nosotros los poderosos

Por Luis Castillo Córdova 

Doctor en Derecho, Universidad de la Coruña (España)

Especialista en Derecho Constitucional

EL ESTADO

Una definición básica de Estado podría ser presentada en los términos siguientes: es una forma de organizar políticamente la convivencia humana. Esta definición permite dibujar dos de sus elementos esenciales. El primero incide en que el Estado es una de las varias formas que han existido (y que sin duda existirán) inventadas por el hombre a lo largo de la historia. El Estado es una realidad histórica que nace con la modernidad y luego de seis siglos de existencia está en proceso de transformación como manifestación de su inevitable desaparición. El segundo alude a su carácter instrumental: el Estado no es un fin en sí mismo, es el medio inventado por el hombre de la modernidad para organizar la vida en común que de modo natural las personas llevamos a cabo. 

EL BIEN COMÚN

Esta vida en común produce necesidades comunes que se predican de la comunidad. La satisfacción de toda necesidad requiere la existencia de bienes, de modo que si son necesidades comunitarias, sociales o comunes, los bienes destinados a satisfacerlas son también comunitarios, sociales o comunes. El bien común, en este contexto, es el conjunto de bienes destinados a atender las necesidades de la comunidad. La comunidad está conformada por personas individuales, de modo que atender las necesidades comunitarias o sociales irremediablemente repercutirá en la satisfacción de las necesidades propias o individuales. El bien común no solo no está reñido con los bienes particulares, sino que los reclama para poder existir. Un bien común que no promueve los bienes individuales no es realmente un bien común.

Fuente: http://losgrillos.com/

LOS DERECHOS HUMANOS

Una definición básica de derechos humanos puede ser formulada en los siguientes términos: bienes humanos debidos a la persona por ser lo que es (naturaleza humana) y valer lo que vale (dignidad humana), y cuyo goce y adquisición le reportará grados de realización. Los bienes humanos debidos a la persona conforman el bien común desde que este promueve la satisfacción de necesidades de la comunidad para conseguir la satisfacción de necesidades individuales y el perfeccionamiento o realización de las personas particularmente consideradas. Dicho de otra forma, el bien común se construye desde y para la consecución de los derechos humanos como bienes humanos debidos a la persona, porque el bien común se construye desde la persona socialmente considerada para la persona individualmente considerada.

EL PODER POLÍTICO

Uno de los elementos que conforman el Estado es el poder, el mismo que esencialmente puede ser definido como la capacidad de generar obediencia. Tiene poder quien puede generar obediencia. Al poder se le suele añadir el calificativo de público o político porque está destinado a atender los asuntos de la polis, es decir, los asuntos de la comunidad. El poder público no es un poder destinado a atender el interés individual. Esto significa que el destino natural del poder, como elemento de esta organización moderna de la convivencia humana llamada Estado, es promover el bien común, es decir, procurar una serie de bienes que, atendiendo a las necesidades del grupo humano, permitan crear las circunstancias para la satisfacción por parte de cada individuo de sus necesidades e intereses propios. Eso le proporciona legitimidad.

LOS GOBERNANTES

Esta promoción del bien común exige gobernar, porque sin gestión de una serie de recursos (en el más amplio sentido) no es posible generar el bien común. Debido a la imposibilidad fáctica, además de la manifiesta inconveniencia de que todos los miembros de una concreta comunidad política realicen actividad gubernativa, es que el poder es ejercido directamente por unos pocos a quienes se les llama gobernantes, en el más amplio sentido del término. Cómo se organice el gobierno de una comunidad política depende de muchos factores. Uno ha sido y es fundamental: lo que se considere como el origen del poder. Distinto se organizará el poder si se considera que su origen es divino, a que si se considera que es el pueblo. Con base en una creencia teocrática, el poder se organizó y ejerció vertical y autocráticamente porque el gobernante (el Rey) no tenía que rendirle cuentas a ningún mortal, solo a Dios. Por el contrario, al considerar que el poder emana del pueblo, el gobierno necesariamente ha de organizarse tomándolo en cuenta al menos en dos momentos. Primero, a la hora de elegir a los gobernantes: estos han de ser elegidos (directa o indirectamente) por el pueblo y, consecuentemente, los gobernantes adquieren la posición de sus representantes (incluso de quienes no lo auparon al poder). Segundo, a la hora de ejercer el poder: como el poder es del pueblo, se ha de ejercer en beneficio del pueblo, y lo que beneficia al pueblo es precisamente la promoción del bien común como elemento provocador de bienes individuales.

LOS GOBERNADOS

Fuente: http://twitter.com/

De la mano del origen popular del poder, el pueblo gobernado ha decidido directa o indirectamente a través de sus representantes (los gobernantes) las normas fundamentales que conforman la organización política y su desenvolvimiento. Así, ha decidido que cada cierto tiempo elegirá a sus gobernantes; ha decidido el procedimiento para elegirlos o, dicho con otras palabras, el procedimiento para que los gobernantes se hagan con el poder político de modo que pueda reconocérseles autoridad y generar la obediencia exigida; ha decidido también los límites a los que se han de sujetar los gobernantes en el ejercicio del poder y los mecanismos de control de un tal ajustamiento. De ellos es la comunidad política y ellos imponen las reglas de acceso y ejercicio del poder, como una garantía de que el poder se desenvolverá legítimamente.

EL PUEBLO VS. EL PUEBLO

De lo que se lleva dicho puede ser recapitulado que el Estado es un modo de organizar la convivencia humana que no ha existido siempre y que ha ingresado a su última etapa de existencia. Su razón de ser es la persona, más precisamente, promover la plena realización de las personas a través de la promoción del bien común. Con esto se logrará promover los bienes individuales que satisfacen necesidades particulares y generan grados de realización individual. Un elemento decisivo del Estado es el poder público, el cual es titularizado por el pueblo, de modo que es el pueblo el que directa o indirectamente decide los mandatos a los que el pueblo mismos se obliga a obedecer; y decide también quiénes, por cuánto tiempo y con qué limitaciones se encargarán circunstancialmente de la gestión del bien comunitario. Esta es la manera como actualmente el pueblo tiene en sus manos su propio destino. El pueblo siempre tendrá de sus gobernantes lo que merece porque ha sido el pueblo quien ha llevado (directa o indirectamente) o ha consentido que determinadas personas se hagan con el poder y decidan hacer lo que han hecho. El pueblo, en este sentido, es acreedor justo de las consecuencias (buenas o malas) de lo que hagan o dejen de hacer sus gobernantes. Es el pueblo el artífice de su propio engrandecimiento o de su propia destrucción.

NOSOTROS LOS PODEROSOS

Cada pueblo es forjador de su propio destino, porque el pueblo —cada uno de sus integrantes— es titular del poder que construye ese destino. Nosotros, el pueblo, somos poderosos porque somos los dueños del poder y, con él, los dueños de nuestro futuro. Además, dentro de la trama que aquí ha sido dibujada, la historia de cada pueblo debiera estar marcada por niveles importantes de engrandecimiento material y moral de sus integrantes individual y socialmente considerados. Pero no siempre es así. Y la comunidad política peruana es un ejemplo de que efectivamente no siempre es así. Nosotros los poderosos somos convocados cada cinco años a las plazas por pretendientes de nuestro poder que están a la búsqueda de que nuestros votos les alcen al poder. Y les exigimos que nos digan lo que queremos escuchar; aplaudimos cada promesa de mejora y enloquecemos con cada ofrecimiento de un bien común que solo es común en ese momento. Hemos reducido nuestro poder a emitir un voto que elige a unos representantes, y lo peor es que muy pronto nos arrepentimos y culpamos amargamente al pretendiente elegido, sin darnos cuenta y sin importarnos si el beso que dimos a quien elegimos se lo merece o no. Nosotros los poderosos hemos renunciado a conducirnos como poderosos y nuestros pretendientes lo saben, y no dudan en aprovechar la renuncia como causa necesaria para hacerse con el poder. Por eso siempre estamos insatisfechos pero nada hacemos; aparecemos como unos incomprendidos tanto por la derecha como por el centro y la izquierda, y después de haber emitido nuestros votos ni nosotros mismos nos comprendemos, pero no hacemos nada más que ir y depositar un voto, además, porque nos obligan.

Fuente: Caretas

ESTO CAMBIARÁ

Llegará el día en que nosotros los poderosos nos levantaremos y nos sacudiremos de esta hiriente indiferencia por lo político y nos despojemos de ese lastimoso convencimiento de que los gobernantes siempre se conducirán de un modo reprochable. Como poderosos que somos, estamos en condiciones de crear el escenario perfecto para ver nacer y florecer una nueva y mejor casta política con cuya colaboración el Perú como pueblo pueda escribir la etapa más feliz de su existencia. 

         

Estaremos más cerca de lograrlo el día en que nos convenzamos de que la política y los políticos no son un mal necesario, sino el instrumento más valioso con el que contamos como comunidad para construir nuestra felicidad como pueblo; el día en que gente notable se decida a dar ejemplo de elevado desenvolvimiento moral y profesional desde la política; y, en fin, el día en que nos demos cuenta de que esta sociedad solo se construye con el compromiso serio de todos, sin importar ni ideologías ni credos religiosos, sino únicamente el amor que sienta por un pueblo que aún tiene pendiente protagonizar su más grande historia.

Luis Castillo Córdova

Es licenciado en Derecho por la Universidad de Piura (Perú), y doctor en Derecho por la Universidad de la Coruña (España). Es autor de varios libros y artículos, dirigidos principalmente en los siguientes campos de investigación: Filosofía de los Derechos Humanos; Técnicas hermenéuticas de determinación del contenido constitucional de los derechos fundamentales; Derecho Procesal Constitucional. Actualmente es Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Piura y socio fundador del Estudio Castillo & Grández Abogados Consultores.

Democracia con verdad. ¿“Aquí no hay violencia...aquí todo es alegría”?

Pedro P. Grández Castro

Profesor Ordinario de la Facultad de Derecho de la UNMSM

              En un país que no logra estabilizarse sobre la base de sus instituciones, el último tramo de las campañas electorales suele ser decisivo. Se trata, por tanto, de elecciones que centran la atención de los ciudadanos, antes que en los programas e ideas, en los temores y/o en las emociones del electorado en uno y otro sentido. En un escenario así, la transparencia, la información de calidad, la verdad y los datos de la historia, suelen ser desplazados por las campañas de desinformación, los ataques personales, cuando no las campañas de psicosociales que es otra de las herencias del régimen de los 90.

        Por ello, y a falta de instituciones y, sobre todo, a falta de partidos, una ciudadanía vigilante que ha optado en ocasiones claves por mantenerse de pie en las principales plazas públicas a lo largo y ancho del país resulta quizá uno de nuestros mayores logros como país que quiere vivir en democracia pese a todo. 

           

Se trata de una vocación cívica como quizá solo se ha manifestado con ese mismo espíritu patriótico en los días de la ocupación chilena o durante las campañas del plebiscito para el retorno de Tacna y Arica al territorio peruano. Ver a la juventud en esas manifestaciones genera esperanza en la construcción de un destino diferente para nuestro país, porque representa una genuina reacción a los latrocinios descarados y a las acciones de campamiento y perversión absoluta del régimen de Fujimori en los años 90.

                No es casual, por ello, que los fujimoristas más duros hayan optado por acatar la receta de algún estratega del marketing político que ha recomendado, para este proceso, tomar distancias de aquellas épocas intentando mostrar un rostro que no traiga a la memoria la verdadera cara del régimen. Por ello no debe sorprender tampoco el gesto desesperado de la hija de Fujimori que, en el último minuto del debate previo a las elecciones del domingo próximo, firmara para las cámaras una suerte de declaración que no hace sino poner de manifiesto la gravedad moral de su presencia tan relevante en este proceso electoral:  que un candidato tenga que firmar un documento para comprometerse a respetar el orden democrático o las decisiones de los jueces que impusieron sentencias ejemplares a los crímenes que cometió el régimen de su padre, o que prometa que indemnizará a las madres que fueron violentamente esterilizadas sin su consentimiento durante el mismo régimen, lo único que muestra es la precariedad moral de su candidatura y la gravedad institucional que supondría el regreso de su familia al poder.

Foto: peru21.pe

              Pero se trata de un gesto político que ha sido negado casi en el propio acto. A pocos minutos, en una entrevista para el canal cuatro, la hija de Fujimori le ha mentido de nuevo en forma descarada al país, al sostener que la número uno de su lista para el Congreso de la República y el padre de ésta, el General Walter Chacón Málaga, habrían sido absueltos y declarados inocentes por la justicia. Los hechos registran, sin embargo, que el General de Fujimori fue mas bien “excluido” del proceso penal por una discutible sentencia de una de las Salas del Tribunal Constitucional de aquel entonces presidida por el Magistrado Carlos Mesía vinculado al Partido Aprista, que en un proceso de Hábeas Corpus dispuso que “la sala penal emplazada (la misma que estaba a punto de sentenciarla) excluya al recurrente del proceso penal que se le sigue por la presunta comisión del delito de enriquecimiento ilícito” (Exp. Nº 3509-2009-PHC/TC, parte resolutiva, el paréntesis al interior de la cita es agregado).

           

Foto: peru21.pe

Pero el fujimorismo sin sus métodos y sus líderes históricos, incluido el propio padre, es como el café sin cafeína. Acompañan de modo inescindible al fujimorismo, junto a un discurso vacío en ideas, un claro desprecio por la ideas de los demás, un grado de intolerancia como la mostrada por algunos de sus más altos dirigentes en Arequipa hace algunas semanas, que, literalmente envistieron como toros mal heridos a un grupo de manifestantes que salieron a expresar su rechazo a la candidata de los Fujimori a su llegada al aeropuerto.

         Políticamente, sin embargo, el fujimorismo nos ha querido proyectar, desde siempre, la falacia del falso dilema: consciente de que las elecciones son espacios emotivos, los estrategas del fujimorismo apelan a la imagen del amigo-enemigo. Los que se pronuncian contra ellos son terroristas; los que se oponen a su regreso son violentistas, izquierdistas que han perdido la alegría y la esperanza, seres frustrados que solo piensan cosas negativas. En contraposición, los fujimoristas y sus votantes (esta es la imagen que quieren proyectar) son optimistas y alegres, seres pacíficos a los que lo único que les interesa es el bien y el desarrollo económico del país: “aquí no hay violencia”, “aquí todo es alegría”, dice el último de los spots de la campaña que ha inundado los espacios de radio y televisión a nivel nacional.

          En esta imagen maniquea del espejo fujimorista, desde luego, no cabe la realidad. La verdad es un peligro que hay que alejar, como se aleja momentáneamente a las verdaderas lideresas del viejo Fujimorismo que esperan con desasosiego e impaciencia su retorno al ring. Por ahora se les ha pedido que se abstengan hasta llegar al poder en que saldrán como lo hará el padre que, como es sabido, se encuentra encarcelado tras un ejemplar proceso judicial que en su momento reivindicó a un Poder Judicial que también había caído en la redes del fujimontesinismo de los 90. 

          Más allá de las declaraciones para las pantallas, el fujimorismo no ha mostrado, en la práctica, ningún compromiso serio con la democracia y sus valores, como lo muestra su propia lista al Congreso que ha colocado en el primer lugar a la hija de uno de los Generales del régimen de su padre cuyas graves acusaciones penales nunca se pudieron esclarecer judicialmente porque una sentencia constitucional interfirió en dicho caso “excluyéndolo” del proceso que lo tenía a punto de condenar.

Autogolpe del 5 de abril de 1992. Foto: El Comercio.

“Aquí no hay violencia”… “Aquí todo es alegría”, suena incesante en la radio. Los violentos son lo que salen a las calles a manifestar su indignación frente a lo que representa el fujimorismo para los valores democráticos y la consolidación del Estado democrático en nuestro país. “Aquí no hay violencia” es también, por ello, una forma de negar la verdad y la historia de la ultima década del siglo XX. Una verdad que debe denunciarse y condenarse, no en el último minuto de la desesperación, como lo hace la candidata del fujimorismo en el debate; sino como una forma de reivindicar a todas las víctimas, a los miles de campesinos que no encuentran hasta el día de hoy paz, porque no saben dónde se encuentran enterrados sus familiares que fueron desaparecidos mientras los servicios de inteligencia y los militares sometían al país, con la anuencia y todo el respaldo del padre Fujimori.

“¿Aquí no hay violencia?”, es también una forma de mentir. Hay que recordarles entonces, una vez más, que fue el del padre Fujimori el más violento de los regímenes de la última mitad del siglo XX en el Perú. Ni los regímenes militares de Velazco y Morales han producido tantas muertes y violaciones a los derechos humanos como las ocurridas en el régimen de Fujimori.

Como recordó la Comisión de la Verdad en las conclusiones generales de su Informe Final:

“140. La CVR repudia los crímenes cometidos contra estudiantes, profesores y trabajadores, al margen de su filiación política. Condena especialmente la matanza de más de cien estudiantes, profesores y trabajadores de la Universidad Nacional del Centro (UNCP) a manos de los diferentes actores de la guerra –incluyendo escuadrones de la muerte- enfrentados en un fuego cruzado y confuso . Condena, asimismo, la masacre de ocho estudiantes y un profesor de la Universidad Nacional de Educación “La Cantuta” en julio de 1992 y la posterior amnistía de los perpetradores miembros del escuadrón de la muerte denominado “Colina” en 1995. Señala, a partir de sus investigaciones, que además de las ya mencionadas, las universidades de San Cristóbal de Huamanga, Hermilio Valdizán de Huánuco, Callao, Huacho y San Marcos, entre otras, resultaron afectadas por la estrategia contrasubversiva de detenciones-desapariciones y destrucción de infraestructura y, durante el régimen autoritario de la década de 1990, por la instalación de bases militares en los campus universitarios.”

Hallazgo de las fosas de Cieneguilla, donde el grupo Colina intentó ocultar los cuerpos de nueve estudiantes y un profesor de la Universidad Enrique Guzmán y Valle (La Cantuta). Foto: El Comercio

“Aquí no hay violencia”, dice la propaganda, pero es la violencia la que marcó al régimen de Fujimori que pretenden resucitar sus herederos. No es pues (la de ellos) el discurso de la paz y la tranquilidad que los peruanos ansiamos.

       El fujimorismo está marcado por la violencia, también de su discurso, que solo ve amigos y enemigos, los buenos y los malos, terroristas y pacifistas, y en esta torpe dicotomía, los peruanos de bien que rechazamos la violencia y las mentiras parece que no tenemos espacio, desde luego.