Por César Landa Arroyo
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Hasta el término del mandato de magistrado de Javier Alva el año 2007, tuve el privilegio de conocer de cerca su talla jurídica en el análisis, debate y solución de graves y delicados casos constitucionales, para el normal desarrollo institucional y fortalecimiento de la democracia en transición. Como las sentencias trascendentes en casos de la lucha contra la corrupción, el terrorismo, el narcotráfico y la violación de los derechos humanos; así como, también, en la protección de los derechos del trabajo y la seguridad social, materias últimas sobre las cuales con su espíritu juvenil y ligero, de tanto en tanto tomaba la lección a magistrados, abogados y propios sobre cuáles eran las primeras leyes laborales del Perú.
Pero, sus clásicos valores democráticos y el hecho de haber conocido el destierro durante las dictaduras militares, le forjaron un perfil de militante de la democracia en el Tribunal Constitucional, así como, de un estadista en los asuntos claves del Estado Constitucional; manejando con destreza no solo el principio de la separación de poderes, sino también el de equilibrio y balance de poder.
Ese talante, marcó su estilo de trabajo en el Tribunal Constitucional, pero dado su espíritu franco no como un juez Júpiter del que habla Obst[1], que está por encima de la sociedad y de las instituciones porque tiene la verdad de la justicia y del bien y del mal; ni un juez Hércules que soporta sobre sus hombros el peso abrumador de justicia, sino, que Javier encarnó la figura un juez Hermes, un juez comunicador, que buscaba la solución de los problemas, mediante el diálogo de las partes, haciendo de la Constitución un medio y un fin, al servicio de los derechos y la democracia.
Por eso, durante todo ese período, los ciudadanos de a pie podían entrevistarse con él directamente, ser escuchados y atendidos de acuerdo a ley; asimismo, se incorporó la figura del amicus curie o amigo de la corte, para aceptar los escritos de quienes no siendo parte de un proceso, podía aportar sus conocimiento o expertis en una materia; por otra parte, se creó la figura del partícipe en los procesos de inconstitucionalidad, a partir de un razonable ejercicio de la autonomía procesal constitucional.
Pero, también, inauguró una forma directa de relacionarse con el justiciable, mediante las audiencia públicas de las vistas de las causas de forma descentralizada por todos los regiones del país; es decir no esperando que el ciudadano del Perú profundo llegue hasta Lima a pedir justicia, sino que las Salas de Tribunal, encabezadas por él, empezamos a recorrer todas los pueblos del territorio nacional.
Así, tuvimos la oportunidad de participar en Audiencias Públicas desde Yunguyo, Ilave, Chucuito y Puno en el Altiplano, o, Abancay, Cusco, Sicuani, Anta y Calca, Moquegua y la ciudad heroica de Tacna. En la Amazonía en Coronel Genaro Herrera a tres horas y media adentro de Iquitos por el río Amazonas, para luego continuar en Nauta, Requena e Iquitos. Como olvidar las audiencias públicas en Cerro de Pasco, Huamanga, Churcampa, Pampas, Huancayo, Jauja, como también, en Matucana, La Oroya, Junín, Ambo, Huánuco, La Merced y Oxapampa.
Así como también, en San Ignacio en frontera con el Ecuador, Jaén, Bagua Grande y Chica, desde ya en Otuzco, Huamachuco, Cajabamba, Chota, San Marcos, Cajamarca –su tierra natal-, San Pablo, San Miguel, Contumazá, Cascas y Ascope, en las regiones de La Libertad y Cajamarca, así como, en Piura, Paita, Sullana, Ferreñafe, Chepén, Pacasmayo, Virú, Chimbote, Casma, Huarmey, Huacho, y; desde ya, Lima provincias, Chincha, Ica, Arequipa –sede histórica del TC- y otros pueblos del interior del Perú, desde donde los ciudadanos reclamaban justicia ante el Tribunal Constitucional.
Pero, Javier Alva también tuvo una vocación de realizar pedagogía constitucional, motivo por el cual, conjuntamente con las audiencias públicas realizábamos conferencias académicas los magistrados que proveníamos de la docencia universitaria, fortaleciendo así la labor descentralizada del Centro de Estudios Constitucionales del TC, bajo mi responsabilidad; la misma que volcamos en Lima y provincias para llevar a cabo audiencias públicas de casos de trascendencia pública, en universidades públicas y privadas, como la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Pontificia Universidad Católica del Perú, Universidad Privada San Martín de Porres, Universidad Femenina del Sagrado Corazón o la Universidad San Juan Bautista, entre otras también del interior del país.
La democratización de la justicia constitucional con el Perú profundo y de todas las sangres, permitió que el Tribunal Constitucional adquiriera una legitimidad social, que hace 10 años la hizo la cuarta institución más poderosa del país, según la encuesta del poder de esa época[2].
Quizás, precisamente a raíz de ello, el Tribunal Constitucional sufriera embates desde instituciones propias de la democracia; porque, algunos representantes no reconocían la posición de liderazgo constitucional que tenía el Tribunal de acuerdo con nuestra Carta Magna; esto es, de constituir en un organismo, no solo de protección de derechos y libertades, sino también de control de los excesos de los poderes públicos y privados, así como de los llamados organismos constitucionales autónomos.
De modo que, bajo su Presidencia nos cupo librar algunas batallas en la defensa institucional del Tribunal, cuando se presentó un proyecto de ley que pretendió cercenar las competencia del Tribunal Constitucional de ser el último intérprete de la Constitución, además que pretendía prohibir la expedición de sentencias interpretativas[3]. O, también enfrentar otro proyecto de ley de iniciativa del Jurado Nacional de Elecciones que llegó a convertirse en ley y modificar el artículo 5-8 del Código Procesal Constitucional, restringiendo el derecho fundamental de los ciudadanos a que las decisiones de las autoridades electorales sean revisables en sede judicial, aun cuando violasen derechos políticos de los ciudadanos, candidatos o autoridades electas; en cuyo caso el Tribunal Constitucional declaró la inconstitucionalidad de dicha limitación legal del acceso a la tutela judicial.
Desde entonces se reafirmó el principio en el Tribunal de que no hay islas exentas del control constitucional, cuando se violen derechos ciudadanos.
Pero, sin perder su talla de estadista cuando lo ameritaba, Javier Alva era un ciudadano con toga, es decir un juez para todos, sobretodo los de a pie; por eso, como justicia que tarda no es justicia, implementó un sistema interno de metas de productividad de los Magistrados y los asesores, que supuso ordenar el trabajo interno, con resultados muy positivos para la sociedad y la institución.
Todo ello era posible, porque su estilo de trabajo era en equipo, con sencillez y claridad de los objetivos y la tenacidad de cumplirlos en pro de la justicia constitucional. Muestra de ello fueron los siguientes resultados: Así, Javier dejó el Tribunal Constitucional el año 2007 con dos Salas, un Código Procesal Constitucional, notificaciones judiciales electrónicas, audiencias públicas descentralizadas por todo el país, un incremento cuantitativo de los casos y la resolución de casos trascendentes para el desarrollo democrático; lo cual permitió al Tribunal Constitucional gozar de la credibilidad de los ciudadanos, como también de las instituciones públicas y privadas.
En el año 2007, encontrándome en un congreso internacional de magistrados constitucionales en Kiev (Ucrania) al cual me pidió que asistiera, el entonces Presidente del Tribunal Constitucional del Portugal Mauricio, me comentaba que en su tribunal tenía que terciar en las tensiones entre los jueces constitucionales provenientes del Poder Judicial y los que procedían de las universidades.
Le comenté que en el Tribunal Constitucional peruano también teníamos esas situaciones, pero, que nuestro Presidente sabía crear consensos, sin claudicar en los valores y derechos fundamentales, dentro de los parámetros del orden público constitucional. Porque concebía al TC no como un órgano judicial supremo más, sino porque traía la experiencia de vida democrática, que no quedaba atrapado en la telaraña de los procesos judiciales, sino en la solución de los problemas constitucionales del país, que llegaban al Tribunal.
Por eso, cuando alguna vez le pregunté a Luis Bedoya Reyes, cual creía que era el aporte del Tribunal Constitucional a la reconstrucción del Estado democrático, fue muy claro y enfático al señalar, que el TC había puesto orden constitucional en varios aspectos de la vida pública. Esto es lo que los especialistas denominamos la “constitucionalización del Derecho”[4].
Es decir que la Constitución no es solo la ley de leyes -lex legis-, que se expresa en el principio de la supremacía constitucional; sino también, reconocer que la Constitución es una norma normarum, esto es la fuente del Derecho. Que no es otra cosa que darle a la Constitución una fuerza normativa para delimitar y acotar los extremos de las distintas áreas del Derecho Civil, Penal, Tributario, Procesal, Laboral, Mercantil, entre otros, que puedan violar los derechos y libertades u otros bienes constitucionales. Pero, este proceso de constitucionalización del Derecho en beneficio de los derechos fundamentales delas mayorías, no significó anular el rol de la legalidad y menos aún el sentido común en la interpretación de los derechos fundamentales.
Por eso, se puede señalar que Javier Alva Orlandini supo entender y poner en práctica a través del Tribunal Constitucional, lo que los clásicos de Roma, como Cicerón, señalaban: “Summa ius, summa iniura” –Demasiado Derecho, demasiada injusticia-.
Lima, 2 de junio de 2020.
Texto basado en el
artículo del autor “Javier Alva Orlandini:
demócrata y constitucionalista”. En Política y Derecho Constitucional. Homenaje
a Javier Alva Orlandini.
(Luis Roel Alva, coord.). Lima: Adrus editores, 2018.
[1] Ost, Francois. “Júpiter, Hércules,
Hermes: Tres modelos de jueces”. En Academia. Revista sobre enseñanza del
Derecho. Año 4, N° 8, 2007. En http://www.derecho.uba.ar/publicaciones
/rev_ academia /revistas/08/jupiter-hercules-hermes-tres-modelos-de-juez.pdf.
[2] En
efecto, el año 2007 la opinión pública expresó su respaldo al desempeño del TC
con un 54% de aprobación y también señaló que el TC era el cuarto órgano que
tenía mayor poder que el que la ley le había reconocido. Cfr. SEMANA. XXVII Encuesta Anual. El Poder en el Perú.
Lima 2 de setiembre del 2007, Año XXIII, Nº 1086, pp. 22 y 36.
[3]
Tribunal Constitucional del Perú. Tribunal
Constitucional y control de Poderes: documentos y debate. Lima: Konrad
Adenauer Stiftung, 2006, pp. 13-70.
[4] Landa Arroyo, César. “La Constitucionalización del derecho peruano”. En Derecho PUCP, N° 71. Lima: PUCP, 2013, pp. 13-36.