Por César Landa Arroyo
Javier Alva Orlandini ha partido ayer, 01 de junio, a los 92 años de vida, dejando atrás una destacada trayectoria política en la defensa democrática de nuestras instituciones constitucional desde la década de los cincuentas. De la cual son testigos de sus convicciones y valores varias generaciones de líderes y ciudadanos que lo acompañaron, a lo largo de su dilata actividad pública, como político, como legislador y finalmente como juez constitucional. En particular me cabe dar testimonio como académico y ex magistrado del Tribunal Constitucional del quehacer de Javier Alva en la reconstrucción del Tribunal Constitucional desde el año 2002.
Me cupo conocer de cerca a Javier a inicios del año 2004, cuando en mi calidad de Vice Ministro de Justicia, asistía a las sesiones de la Comisión para la Reforma Judicial (CERIAJUS) en la que Javier Alva como Presidente del Tribunal Constitucional participaba. Y precisamente al tiempo de conocernos y conversar sobre temas de las necesarias reformas del sistema de justicia, recibí su sugerencia de postular al Tribunal Constitucional. Opción que valoré, acepté y con el beneplácito de la mayoría parlamentaria demócrata de entonces, me integré como magistrado al Tribunal Constitucional a fines de ese año.
Hasta el término del mandato de magistrado de Javier Alva el año 2007, tuve el privilegio de conocer de cerca su talla jurídica en el análisis, debate y solución de graves y delicados casos constitucionales, para el normal desarrollo institucional y fortalecimiento de la democracia en transición. Como las sentencias trascendentes en casos de la lucha contra la corrupción, el terrorismo, el narcotráfico y la violación de los derechos humanos; así como, también, en la protección de los derechos del trabajo y la seguridad social, materias últimas sobre las cuales con su espíritu juvenil y ligero, de tanto en tanto tomaba la lección a magistrados, abogados y propios sobre cuáles eran las primeras leyes laborales del Perú.
Pero,
sus clásicos valores democráticos y el hecho de haber conocido el destierro
durante las dictaduras militares, le forjaron un perfil de militante de la
democracia en el Tribunal Constitucional, así como, de un estadista en los
asuntos claves del Estado Constitucional; manejando con destreza no solo el
principio de la separación de poderes, sino también el de equilibrio y balance
de poder.
Ese
talante, marcó su estilo de trabajo en el Tribunal Constitucional, pero dado su
espíritu franco no como un juez Júpiter del que habla Obst, que está por encima de la
sociedad y de las instituciones porque tiene la verdad de la justicia y del
bien y del mal; ni un juez Hércules que soporta sobre sus hombros el peso
abrumador de justicia, sino, que Javier encarnó la figura un juez Hermes, un
juez comunicador, que buscaba la solución de los problemas, mediante el diálogo
de las partes, haciendo de la Constitución un medio y un fin, al servicio de
los derechos y la democracia.
Por
eso, durante todo ese período, los ciudadanos de a pie podían entrevistarse con
él directamente, ser escuchados y atendidos de acuerdo a ley; asimismo, se
incorporó la figura del amicus curie
o amigo de la corte, para aceptar los escritos de quienes no siendo parte de un
proceso, podía aportar sus conocimiento o expertis
en una materia; por otra parte, se creó la figura del partícipe en los procesos
de inconstitucionalidad, a partir de un razonable ejercicio de la autonomía
procesal constitucional.
Pero,
también, inauguró una forma directa de relacionarse con el justiciable,
mediante las audiencia públicas de las vistas de las causas de forma
descentralizada por todos los regiones del país; es decir no esperando que el
ciudadano del Perú profundo llegue hasta Lima a pedir justicia, sino que las
Salas de Tribunal, encabezadas por él, empezamos a recorrer todas los pueblos
del territorio nacional.
Así,
tuvimos la oportunidad de participar en
Audiencias Públicas desde Yunguyo, Ilave, Chucuito y Puno en el Altiplano, o,
Abancay, Cusco, Sicuani, Anta y Calca, Moquegua
y la ciudad heroica de Tacna. En la Amazonía en
Coronel Genaro Herrera a tres horas y media adentro de Iquitos por el
río Amazonas, para luego continuar en Nauta, Requena e Iquitos. Como olvidar
las audiencias públicas en Cerro de Pasco, Huamanga, Churcampa, Pampas,
Huancayo, Jauja, como también, en Matucana, La Oroya, Junín, Ambo, Huánuco, La
Merced y Oxapampa.
Así
como también, en San Ignacio en frontera con el Ecuador, Jaén, Bagua Grande y
Chica, desde ya en Otuzco,
Huamachuco, Cajabamba, Chota, San Marcos, Cajamarca –su tierra natal-, San
Pablo, San Miguel, Contumazá, Cascas y Ascope, en las regiones de La Libertad y
Cajamarca, así como, en Piura, Paita, Sullana, Ferreñafe, Chepén, Pacasmayo,
Virú, Chimbote, Casma, Huarmey, Huacho, y; desde ya, Lima provincias, Chincha, Ica,
Arequipa –sede histórica del TC- y otros pueblos del interior del Perú, desde
donde los ciudadanos reclamaban justicia ante el Tribunal Constitucional.
Pero,
Javier Alva también tuvo una vocación de
realizar pedagogía constitucional, motivo por el cual, conjuntamente con las
audiencias públicas realizábamos conferencias académicas los magistrados que
proveníamos de la docencia universitaria, fortaleciendo así la labor descentralizada del Centro de Estudios Constitucionales del
TC, bajo mi responsabilidad; la misma que volcamos en Lima y provincias para
llevar a cabo audiencias públicas de casos de trascendencia pública, en universidades públicas y privadas, como la
Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Pontificia Universidad Católica del
Perú, Universidad Privada San Martín de Porres, Universidad Femenina del
Sagrado Corazón o la Universidad San
Juan Bautista, entre otras también del interior del país.
La
democratización de la justicia constitucional con el Perú profundo y de todas
las sangres, permitió que el Tribunal Constitucional adquiriera una legitimidad
social, que hace 10 años la hizo la cuarta institución más poderosa del país,
según la encuesta del poder de esa época.
Quizás,
precisamente a raíz de ello, el Tribunal Constitucional sufriera embates desde
instituciones propias de la democracia; porque, algunos representantes no reconocían la posición de liderazgo
constitucional que tenía el Tribunal de acuerdo con nuestra Carta Magna; esto
es, de constituir en un organismo, no solo de protección de derechos y
libertades, sino también de control de los excesos de los poderes públicos y
privados, así como de los llamados organismos constitucionales autónomos.
De
modo que, bajo su Presidencia nos cupo librar algunas batallas en la defensa
institucional del Tribunal, cuando se presentó un proyecto de ley que pretendió
cercenar las competencia del Tribunal Constitucional de ser el último intérprete
de la Constitución, además que pretendía prohibir la expedición de sentencias
interpretativas.
O, también enfrentar otro proyecto de ley de iniciativa del Jurado Nacional de
Elecciones que llegó a convertirse en ley y modificar el artículo 5-8 del
Código Procesal Constitucional, restringiendo el derecho fundamental de los
ciudadanos a que las decisiones de las
autoridades electorales sean revisables en sede judicial, aun cuando violasen
derechos políticos de los ciudadanos, candidatos o autoridades electas; en cuyo
caso el Tribunal Constitucional declaró la inconstitucionalidad de dicha
limitación legal del acceso a la tutela judicial.
Desde
entonces se reafirmó el principio en el Tribunal de que no hay islas exentas
del control constitucional, cuando se violen derechos ciudadanos.
Pero,
sin perder su talla de estadista cuando lo ameritaba, Javier Alva era un
ciudadano con toga, es decir un juez para todos, sobretodo los de a pie; por
eso, como justicia que tarda no es justicia, implementó un sistema interno de
metas de productividad de los
Magistrados y los asesores, que supuso ordenar el trabajo interno, con
resultados muy positivos para la sociedad y la institución.
Todo
ello era posible, porque su estilo de trabajo era en equipo, con sencillez y
claridad de los objetivos y la tenacidad de cumplirlos en pro de la justicia
constitucional. Muestra de ello fueron los siguientes resultados: Así, Javier
dejó el Tribunal Constitucional el año 2007 con dos Salas, un Código Procesal
Constitucional, notificaciones judiciales electrónicas, audiencias públicas
descentralizadas por todo el país, un incremento cuantitativo de los casos y la
resolución de casos trascendentes para el desarrollo democrático; lo cual
permitió al Tribunal Constitucional gozar de la credibilidad de los ciudadanos,
como también de las instituciones públicas y privadas.
En el
año 2007, encontrándome en un congreso internacional de magistrados constitucionales
en Kiev (Ucrania) al cual me pidió que asistiera, el entonces Presidente del
Tribunal Constitucional del Portugal Mauricio, me comentaba que en su tribunal
tenía que terciar en las tensiones entre los jueces constitucionales
provenientes del Poder Judicial y los que procedían de las universidades.
Le
comenté que en el Tribunal Constitucional peruano también teníamos esas
situaciones, pero, que nuestro Presidente sabía crear consensos, sin claudicar
en los valores y derechos fundamentales, dentro de los parámetros del orden
público constitucional. Porque concebía
al TC no como un órgano judicial supremo más, sino porque traía la experiencia
de vida democrática, que no quedaba atrapado en la telaraña de los procesos
judiciales, sino en la solución de los problemas constitucionales del país, que
llegaban al Tribunal.
Por
eso, cuando alguna vez le pregunté a Luis Bedoya Reyes, cual creía que era el
aporte del Tribunal Constitucional a la reconstrucción del Estado democrático,
fue muy claro y enfático al señalar, que el TC había puesto orden
constitucional en varios aspectos de la vida pública. Esto es lo que los
especialistas denominamos la
“constitucionalización del Derecho”.
Es
decir que la Constitución no es solo la ley de leyes -lex legis-, que se expresa en el principio de la supremacía
constitucional; sino también, reconocer que la Constitución es una norma normarum, esto es la fuente del
Derecho. Que no es otra cosa que darle a la Constitución una fuerza normativa
para delimitar y acotar los extremos de las distintas áreas del Derecho Civil,
Penal, Tributario, Procesal, Laboral, Mercantil, entre otros, que puedan violar
los derechos y libertades u otros bienes constitucionales. Pero, este proceso de constitucionalización
del Derecho en beneficio de los derechos fundamentales delas mayorías, no
significó anular el rol de la legalidad y menos aún el sentido común en la
interpretación de los derechos fundamentales.
Por
eso, se puede señalar que Javier Alva Orlandini supo entender y poner en
práctica a través del Tribunal Constitucional, lo que los clásicos de Roma, como Cicerón,
señalaban: “Summa ius, summa iniura”
–Demasiado Derecho, demasiada injusticia-.
Lima, 2 de junio de 2020.
Acosta Cárdenas (1887-1933), quien en 1920 comenzó sus estudios en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y pocos años después consigue graduarse con la tesis Nuestra institución del matrimonio rebaja la condición jurídica social de la mujer, la cual detalla cómo el ordenamiento jurídico de nuestro país establecía al matrimonio como un elemento restrictivo para la mujer, prueba de ello es el código civil de 1852 (vigente hasta 1936) establecía en muchos artículos el sometimiento de la mujer a su marido, otorgando al varón la potestad sobre su cónyuge. En el año 1924 llegó a participar en la Conferencia Panamericana de Mujeres en Lima; integró la Liga Internacional de Mujeres por la Paz y la Libertad en el Perú; y se dedicó a dictar clases a mujeres en las escuelas de capacitación obrera, pues aseveraba que la única forma para lograr una sociedad más equitativa era a través de la educación laica y racionalista. Continúo con aportes a la sociología de la población amazónica, corrigiendo a José Carlos Mariátegui en Siete ensayos de la interpretación de la realidad peruana, consiguiendo que el escritor corrigiese posteriormente los postulados sobre el valor económico y sociológico del medio amazónico. Miguelina fallece con 45 años de edad, dejando un enorme legado para la mujer peruana. 
